La historia de Javier Pando es una larga historia de 30 años sin un juicio justo, 30 años de violaciones sistemáticas del debido proceso. 30 años donde se vulneran sus derechos y por ende 30 años de impunidad. 30 años en que muy pocas personas se han querido pronunciar en defensa de sus derechos y el de su familia, esposa e hijas.
Javier Pando fue detenido el 9 de junio de 1992 en Puno, acusado de ser miembro del MRTA, es decir acusado de terrorismo. Sus juicios comenzaron el 93, fueron 5 en los que lo condenaron a 20 años, a 25 años e incluso en uno de esos juicios lo absolvieron. Pero fue el último, el que culminó en 1998 en el que lo condenaron a cadena perpetua.
Es justamente ese juicio, el del 98, el que hasta hoy denuncia Pando, su familia y abogados pues no se respetó el debido proceso. En ese juicio el fiscal que lo acusó no estaba plenamente identificado, solo se utilizó un código, lo que se define como parte de los juicios con jueces sin rostro. En el 2003, después del informe final de la #CVR, se iniciaron nuevos juicios para quienes fueron juzgados por jueces sin rostro, pero a Pando se le negó este derecho aduciendo que el juez que lo condenó tenía rostro, sin tomar en cuenta que solo se identificó con un código.
Fue esto que denunciaron sus familiares en el 2007 a través de un hábeas corpus, para que se anule la cadena perpetua y se realice un nuevo juicio. Tuvieron que pasar 13 años para que el Tribunal Constitucional (TC) ordene anular la sentencia en febrero del 2020.
A pesar de ello, el nuevo juicio no empezó rápidamente y ha sido una lucha constante de sus familiares y abogados para que pase de instancia en instancia: del TC al Poder Judicial demoró un año, llegó al Poder judicial en febrero del 2021 y de ahí para que llegue al 10 juzgado demoró 9 meses.
Fue recién en diciembre 2021 que la jueza del 10 juzgado notifica a la Sala Penal la resolución del TC y se ordena que se dé inicio al nuevo juicio, pero hasta la fecha nada. A fines de diciembre la Sala Penal sacó una resolución que indica que el expediente está en Puno, pero los abogados han hecho la búsqueda y no lo han localizado. El expediente finalmente está perdido y por ello no empieza el nuevo juicio. Y mientras tanto Pando sigue preso desde hace 30 años, y aun no tiene una nueva sentencia.
En este nuevo proceso, desde que se anuló la cadena perpetua, también se ha vencido el exceso de carcelería sin sentencia, justamente en agosto del 2021. Sus familiares y abogados presentaron un nuevo hábeas corpus el 18 de abril de 2022, pero aún no dan respuesta, a pesar que el juez dio proveído y que el procurador tenía tres días para pronunciarse.
Esta es la inJusticia e impunidad estructural en Perú. Muchas personas son víctimas de estas, pero quizás unas de las que más las sufren sean aquellas que militaron en SL o el MRTA para quienes el estigma y el terruqueo los condena a la indiferencia y al silencio cómplice de tantos. Tantas personas que aún sabiendo no dicen nada o simplemente se hacen de la vista gorda.
La defensa de sus derechos no tiene ninguna relación con una validación de su accionar individual, ni de validar al MRTA. Es más, Javier Pando ha asumido toda responsabilidad por su accionar en el MRTA, lo que está pidiendo junto a sus familiares es el debido proceso, un juicio justo. Y en la medida de todo lo vivido y los años de carcelaria, tocaría que sea liberado.
Todo lo que se viene haciendo y el hecho de alzar la voz para defender sus derechos tiene que ver con la real construcción de un estado de derecho, con hacer efectivos que los derechos humanos son para todas las personas. Tiene que ver con el tipo de sociedad que queremos, una con justicia social, democracia y paz.
PD en el siguiente enlace la sentencia del TC
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/02287-2013-HC.pdf
