Hace unos días el Congreso peruano aprobó en primera votación una ley que impediría juzgar como Delito de Lesa Humanidad aquellos casos sucedidos antes del 2002, es decir durante la guerra interna. Esta es una medida más para dejar en la impunidad todo el horror y el terrorismo vivido durante los años 80 y 90.
Pero cuidado, esta norma no está dirigido a todo mundo. Se beneficiarán los de siempre: los policías, los militares y los políticos. Es más, Alberto Fujimori se va a acoger a esta ley para librarse del caso Pativilca. Por el contrario los juicios a ex militantes del MRTA y SL siguen su curso, pueden constatarlo, y no solo eso, actualmente están reabriendo juicios a pesar de que en muchos casos ya es cosa juzgada, algo completamente ilegal.
Lamentablemente ya hay muchas personas que sostienen que quedarán impunes los crímenes de SL y el MRTA. No toman en cuenta que en la mayoría de casos lxs ex militantes de estas organizaciones ya han sido juzgados y fueron condenados a decenas de años en prisión. La impunidad no está de ese lado, pues son los militares y los políticos responsables de decenas de crímenes durante la guerra interna quienes siguen impunemente libres.
Lo más seguro además, es que como en muchos casos, como en muchas leyes, habrá una cláusula que diga «no aplica para terroristas». Como en el caso del registro único de víctimas o la ley de beneficios penitenciarios. En ambos casos no aplica para personas juzgadas por terrorismo, quienes no pueden ser consideradas víctimas ni tienen derecho a beneficios penitenciarios.
Hoy nos indignados por la impunidad en que quedarían casos como los de Manta y Vilca, las Esterilizaciones forzadas y tantos otros casos de personas «inocentes». Pero también debería indignar la impunidad cuando se trata de lxs ex militantes del MRTA y SL, los «culpables», son muchos casos en los que fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad: la matanza del frontón, la operación Chavín de Huantar, las torturas y violaciones, y tantos otros.
Exigir justicia cuando se violan los derechos de alguien, así sean ex militantes del mrta o sl, no debería ser extraño, ni criticado ni tampoco nos debería hacer susceptibles de ser denunciados. Hacerlo, exigir justicia, tiene que ver con el Estado que construimos, que queremos: uno donde se respeten los ddhh de toda la población y no como hasta ahora. No como este país que aun somos donde se asesinó a 50 peruanxs por la represión policial y militar y todo sigue impune.
Esos asesinatos se produjeron en el marco de la represión, militar y policial, a las justas protestas populares contra políticos y empresarios. Protestas que denunciaban la restitución neoliberal en curso desde el golpe de estado de diciembre de 2022. Protestas donde se denuncia esta alianza entre empresarios y militares que vienen profundizando aun más el extractivismo, se aseguran el control del Estado y son protegidos por policías y militares.
De ratificarse en la segunda votación, esta nueva ley fortalece las relaciones y sella pactos entre políticos, militares y empresarios. Además profundizará la impunidad estructural que tanto daño está haciendo a la sociedad peruana.